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La década de los noventa supuso una serie de cambios sociales que han afectado a cuestiones muy variadas y que han tenido su influencia dentro del sistema de Seguridad Social: cambios en el mercado de trabajo, mayor movilidad en el mismo, incorporación de la mujer al mundo laboral etc., que han hecho necesario adaptar la protección a las nuevas necesidades surgidas.
Artículo 85 Resolución, vigencia, revocación, suspensión y extinción de la autorización y acreditación administrativa Dado que concurren razones imperiosas de interés general, transcurrido el plazo previsto reglamentariamente para resolver y notificar sobre las solicitudes presentadas, para la obtención de las autorizaciones y acreditaciones administrativas, sin haberse notificado la resolución expresa correspondiente, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes.
En este último supuesto, la prestación de los servicios sociales comunitarios deberá garantizarse en todos los municipios que integran la Zona Básica de Servicios Sociales y dependerán del centro de referencia.
En el caso de los servicios residenciales, cuando las personas usuarias del servicio carezcan de ingresos suficientes para el pago de la respectiva aportación pero dispongan de un patrimonio que pudiera afectarse a dichos gastos, podrán acordarse entre la Administración Pública competente y la persona usuaria fórmulas alternativas de financiación que, en todo caso, garanticen la integridad, el buen uso y la correcta valoración de su patrimonio.
Los compromisos que establezca la Estrategia de ética se trasladarán a todos los campos de la práctica profesional, incluidos la gestión de los servicios, la intervención social, la formación, la investigación y la innovación en servicios sociales.
La protección dispensada por estos seguros pronto se mostró insuficiente, lo que llevó a la aparición de otros mecanismos de protección articulados a través de las Mutualidades laborales, organizadas por sectores laborales y cuyas prestaciones tenían como finalidad completar la protección preexistente.
Artículo 99 Colaboración de la iniciativa social en materia de servicios sociales Las entidades de iniciativa social podrán cooperar con las Administraciones Públicas de Andalucía en la provisión de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, mediante cualquier instrumento de colaboración previsto en el ordenamiento jurídico, con sujeción a los objetivos señalados en la planificación general de la Junta de Andalucía y en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Los compromisos que establezca la Estrategia de ética se trasladarán a todos los campos de la práctica profesional, incluidos la gestión de los servicios, la intervención social, la formación, la investigación y la innovación en servicios sociales.
Este consentimiento deberá ser otorgado siempre por escrito cuando la intervención implique ingreso en un servicio de alojamiento o en un centro residencial.
A acceder a los cauces de información, sugerencia y queja que permitan el ejercicio efectivo y la defensa de sus derechos, y a obtener respuesta en el plazo legalmente establecido.
Multa de 90.001 hasta 1.000.000 de euros a las entidades titulares o gestoras de los servicios y centros y demás responsables de la infracción, y, en su caso, suspensión de la subvención de cuatro a seis meses.
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, en el marco de las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tras el proceso de transferencias que culminó con las funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales mediante el Real Decreto 1752/1984, de 1 de agosto, configuró un sistema público de servicios sociales que unificaba y ordenaba el panorama organizativo y legislativo previo, y atendía a los objetivos de racionalidad y efectividad del conjunto de servicios y prestaciones que constituían los recursos de los servicios sociales.
Dificultar o impedir el derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de la presente ley.
El Instituto Social de la Marina, para la gestión de los trabajadores del mar.
El protagonista de la acción pasa a ser esa potente burguesía que cada vez crece más en las grandes ciudades a consecuencia del desarrollo industrial.
En la delimitación territorial se mantiene la Zona Básica de Servicios Sociales como unidad fundamental y se crea el Área de Servicios Sociales.
Las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales tendrán en cuenta el principio de prioridad presupuestaria para la infancia.
Mientras el Gobierno dice que ahora serán las eléctricas las que paguen el bono social, trata de ganar el pleito legal con las eléctricas, para lo que presentó, a finales de 2016, un recurso ante el Tribunal Constitucional (aún no admitido hoy) contra la última sentencia que perdió en octubre .
El bono social eléctrico va dirigido sólo a una serie de colectivos “vulnerables” que podrán disfrutar de la rebaja del 25% del recibo de la luz: familias con bajos ingresos (de 9.681 euros anuales sin hijos y hasta 16.135 euros con 2 hijos menores), familias con todos sus miembros en paro, pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas (ganen lo que ganen, una injusticia), además de víctimas del terrorismo y de la violencia de género más familias con discapacitados.
Únicamente se podrán financiar con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma aquellas infraestructuras de servicios sociales especializados que estén previstas en la planificación autonómica de servicios sociales, de acuerdo con los requisitos previstos en la legislación estatal.
Al año, las infracciones leves.
En los siguientes siglos parece haber una continuidad de la etapa anterior, aunque se empiezan a dar grandes cambios.
Reintegrar las prestaciones económicas y materiales recibidas indebidamente, o no aplicadas al objeto de las mismas.
La pobreza molesta a la colectividad, por tanto, intentan impedir la mendicidad al pobre que consideran válido para trabajar y que, por diversas razones no lo hace, su reincidencia en la mendicidad llevaba incluso al sufrimiento de penas.
Conocer con exactitud cuántas ayudas sociales se conceden en España y su cuantía total es tarea casi imposible porque no solo el servicio público de empleo estatal paga prestaciones a los parados, también lo hacen, de forma complementaria, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Fomentando el emprendimiento empresarial como fuente generadora de innovación en el ámbito de los servicios sociales.
El reconocimiento de la situación de discapacidad, determinando su tipo y grado.
Según da cuenta, esa maraña de ayudas sociales aprobadas por comunidades autónomas y ayuntamientos no sólo carece de esa falta de supervisión que permitan identificar que su reparto es equitativo, sino que además ha provocado un «turismo de prestaciones», que hoy no ha podido evitar que algunos parados hayan cambiado de ciudad para disfrutar de ayudas más elevadas sin prácticamente ningún impedimento o fraudes como los referidos, y cometidos en Vitoria.
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